jueves, 14 de abril de 2016

“La mejor forma de protección es el trabajo”


Frase atribuida al Primer Ministro Blair que expresa de manera sintética y clara un punto de partida fundamental para este trabajo. El trabajo pleno, adecuadamente remunerado y estable constituye una fuente primaria de protección social insuperable. Sin embargo, el empleo en esas condiciones no incluye a todos los que están en edad de trabajar e, incluso, no todos los que se encuentran en esa edad están en condiciones de trabajar. Deben enfrentarse los riesgos relacionados con la vejez, los accidentes, las incapacidades y el desempleo. Por ello, la protección social que proporciona instrumentos para enfrentar estos riesgos existe en la mayoría de los países del orbe desde fines del siglo XIX y ha estado en constante transformación. Por otro lado, la interrelación del mercado laboral y la protección laboral y social, constituyen un conjunto necesario al que se debe adecuar permanentemente para responder a los cambios que se registran en ambas esferas.



El mercado de trabajo responde a los ciclos económicos y a las transformaciones estructurales de las economías. Viejos riesgos se ven reforzados y en muchos casos, ampliados por la emergencia de nuevas necesidades de protección. Las políticas de protección social se tornan inadecuadas para enfrentarlas y deben renovarse. Pero su reforma necesaria resulta insuficiente, si no se interviene también en el ámbito del empleo y el trabajo. El objetivo de este trabajo es analizar esta interrelación e identificar políticas que permitan mantener un nivel de protección social que responda a los viejos riesgos y los nuevos que se derivan de las transformaciones en la situación laboral. En la primera sección, el trabajo revisa la naturaleza e instrumentos de la política de protección social más difundida y que se conoce como el Estado Bienestar. Es este el modelo de protección que inspiró a la mayoría de los países de América Latina y del Caribe y que incluso se introdujo en los países más avanzados de la Región con antelación a países más desarrollados. Es todavía hoy, a pesar de las tensiones y reformas, el sistema de protección social prevaleciente en los países de la Unión Europea. El traslado a América Latina constituye una orientación importante en el diseño de las políticas, pero no logra implantarse a plenitud en países con claras diferencias estructurales que se reflejan en la estructura y características del empleo. El sistema debe responder también a las transformaciones demográficas que de manera inexorable, aunque a ritmos diferentes, se produce en el mundo; así como a la transformación de las familias, beneficiarias en última instancia de las políticas de protección.

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